Para su publicación inmediata: 1 de abril de 2026
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Los defensores del derecho al voto presentan una demanda para bloquear la restrictiva ley de Florida conocida como «Show Your Papers»
Miami, Florida – Defensores del derecho al voto presentaron una demanda federal en la que impugnan el proyecto de ley 991 de la Cámara de Representantes de Florida, una nueva ley que exige una prueba documental de ciudadanía, y advierten de que la medida privará del derecho al voto a votantes con derecho a ello y creará barreras innecesarias a la libertad de voto. La ley exige que los futuros votantes tengan registrada una «prueba de ciudadanía», como un pasaporte o un certificado de nacimiento, para inscribirse en el censo electoral o permanecer en él. Miles de floridanos no tienen fácil acceso a estos documentos.
La demanda, presentada por la Liga de Mujeres Votantes de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida, Florida Rising, Common Cause, Hispanic Federation , tiene por objeto impedir la aplicación de la ley antes de que entre en vigor en 2027. Los demandantes están representados por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida, LatinoJustice PRLDEF y Advancement Project.
Los demandantes sostienen que el requisito de presentar documentación adicional en Florida dificultará considerablemente que los votantes con derecho a voto —especialmente los ciudadanos naturalizados, los votantes con bajos ingresos, las mujeres casadas que han cambiado de apellido, los votantes pertenecientes a minorías étnicas, los estudiantes, los votantes con discapacidad, las personas transgénero y las personas mayores— se inscriban y participen en las elecciones.
La denuncia sostiene que este requisito viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al imponer obstáculos ilegales al derecho fundamental al voto, entre ellos requisitos restrictivos para el registro de votantes. A diferencia de otras leyes que exigen pruebas documentales de ciudadanía, esta se aplica con carácter retroactivo a los votantes ya inscritos, lo que aumenta aún más la probabilidad de que se impida indebidamente el registro de votantes con derecho a voto o de que estos sean eliminados por error de los censos electorales.
Los tribunales han dictaminado en repetidas ocasiones que los requisitos de presentar pruebas documentales de ciudadanía privan del derecho al voto a electores que cumplen los requisitos, al tiempo que contribuyen muy poco a resolver el problema, prácticamente inexistente, del voto de personas que no son ciudadanas. En 2016, Kansas promulgó una ley similar, que impidió a más de 35 000 habitantes del estado inscribirse en el censo electoral. La ley fue derogada en 2018 por infringir la Ley Nacional de Inscripción Electoral y la Constitución de los Estados Unidos.
Los demandantes solicitan al tribunal que declare ilegal la ley e impida a las autoridades de Florida exigir la presentación de pruebas documentales de ciudadanía.
«Los votantes de Florida ya acreditan su ciudadanía al inscribirse en el censo electoral. En lugar de garantizar la seguridad de las elecciones, el proyecto de ley HB 991 priva del derecho al voto a personas con derecho a votar», afirmó Jessica Lowe-Minor, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Florida. «A pesar de la fuerte oposición de la coalición por los derechos electorales de nuestro estado, el gobernador firmó un proyecto de ley que vincula el derecho al voto a la posesión de documentos costosos a los que muchos ciudadanos estadounidenses no tienen fácil acceso. Ningún floridano con derecho a voto debería ser excluido del censo electoral simplemente por trámites burocráticos».
«Las nuevas barreras al voto suelen afectar con mayor dureza a las comunidades que llevan mucho tiempo luchando por hacerse oír en nuestra democracia»,afirmó Caren Short, directora de Asuntos Jurídicos e Investigación de la Liga de Mujeres Votantes de Estados Unidos. «Lamentablemente, aunque no es de extrañar, el nuevo requisito legal de Florida de presentar una prueba documental de ciudadanía se basa en mentiras xenófobas y desinformación. El hecho de que la legislatura no vele por los intereses de los electores, sino por los propios intereses políticos de los legisladores, perjudicará a las mujeres casadas, a los ciudadanos naturalizados, a los jóvenes y a muchos otros votantes con derecho a voto que no tienen fácil acceso a documentos como pasaportes o certificados de nacimiento. La Liga de Mujeres Votantes se compromete a defender una democracia en la que todos los votantes con derecho a voto tengan una oportunidad justa de hacer oír su voz».
«Nos oponemos al proyecto de ley H.B. 991»,afirmó Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida. «Este proyecto de ley, bajo falsos pretextos, crea obstáculos destinados a dificultar nuestra capacidad para votar y silencia las voces de las comunidades negras y de color, de los ciudadanos naturalizados, de los jóvenes y de los votantes con bajos ingresos. Nuestro derecho a votar y a decidir nuestro futuro es la esencia misma de lo que nos convierte en ciudadanos de los Estados Unidos. Nuestras comunidades están dispuestas a plantar cara y a proteger los derechos de los votantes en Florida».
«Si se aprueba esta ley, miles de ciudadanos estadounidenses serán eliminados del censo electoral de Florida, lo que les impedirá votar en las próximas elecciones presidenciales si no pueden permitirse los documentos específicos»,afirmó Amy Keith, directora ejecutiva de Common Cause Florida. «La vida es cada vez más difícil y cara en Florida, pero con este proyecto de ley los legisladores están eliminando precisamente a los votantes que más están sufriendo la crisis del alto coste de la vida en Florida. No creo que sea una coincidencia».
«El proyecto de ley 991 de la Cámara de Representantes de Florida silencia las voces de los votantes y los ciudadanos naturalizados que merecen tener voz y voto en las políticas que afectan a nuestras comunidades. Durante décadas, hemos luchado para garantizar que todos los votantes con derecho a voto puedan ejercerlo, y no permitiremos que las falsas acusaciones de fraude electoral se utilicen como arma en nuestra contra. Millones de votantes carecen de estos costosos documentos, y exigirlos provocará una importante supresión del voto. Apoyamos a los floridanos y lucharemos para garantizar que no se nos impida ejercer nuestro derecho fundamental al voto mediante barreras innecesarias»,afirmó Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation.
«Common Cause ha emprendido acciones legales en todo Estados Unidos para defender el acceso de los votantes a las urnas y lo estamos haciendo de nuevo en Florida»,afirma Maryam Jazini Dorcheh, directora sénior de Litigios de Common Cause. «Esta ley, simple y llanamente, dificulta que los votantes con derecho a voto puedan ejercer su derecho».
«Las familias de Florida están luchando contra el aumento de los costes, pero en lugar de abordar la crisis de la asequibilidad, el partido mayoritario en la Asamblea Legislativa estatal dedicó la última sesión legislativa a crear nuevas barreras para el acceso a las urnas»,afirmó Jared Nordlund, director de UnidosUS en Florida. «Saben que su programa es impopular y, cuando no pueden ganar persuadiendo a los votantes, intentan ganar dificultando el voto a la gente. El proyecto de ley HB 991 es otra solución en busca de un problema, y Florida vuelve a ser el campo de pruebas de un manual de supresión del voto que podría extenderse por todo el país. Estas leyes se dirigen contra las voces que más temen, especialmente las de las mujeres, las comunidades de color y los votantes de clase trabajadora».
Los grupos jurídicos que representan a las organizaciones de defensa del derecho al voto añadieron lo siguiente:
«La legislación de Florida ya verifica adecuadamente la elegibilidad de los votantes, por lo que esta última iniciativa de supresión del voto en Florida resulta totalmente innecesaria y excesivamente gravosa», afirmó César Ruiz, asesor jurídico adjunto de LatinoJustice PRLDEF. «Muchos votantes simplemente no tienen acceso inmediato a los nuevos documentos de identidad obligatorios que se exigirán para inscribirse en el censo electoral, y estas cargas recaerán con especial dureza sobre las comunidades de color, los votantes puertorriqueños, las mujeres que cambiaron de apellido tras casarse y otras personas con historiales documentales complejos. ¡Nuestra democracia es más fuerte cuando todos los votantes con derecho a voto pueden participar sin enfrentarse a barreras innecesarias para ejercer ese derecho fundamental!».
«La nueva ley de Florida que exige “presentar documentos de identidad” es un intento descarado de imponer barreras innecesarias al acceso a las urnas»,afirmó Jonathan Topaz, abogado del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU. «Esta ley se dirige contra los votantes más vulnerables de Florida —votantes negros de edad avanzada que crecieron en el sur de la época de Jim Crow, ciudadanos naturalizados, personas transgénero, votantes con bajos ingresos y votantes con discapacidades— todo ello con el fin de perpetuar el mito, carente de fundamento, de que existe un registro y una participación electoral generalizados de personas que no son ciudadanas. Presentamos esta demanda para garantizar que Florida no pueda impedir que sus votantes con derecho a voto ejerzan su derecho fundamental al voto por falta de documentación o por discrepancias en la misma».
«Florida tiene un largo y preocupante historial de supresión del derecho al voto mediante la imposición de barreras entre los votantes y las urnas», afirmó Carrie McNamara, abogada de la ACLU de Florida. «En los últimos años, los dirigentes estatales han reescrito sistemáticamente las reglas de la democracia: desde restringir el proceso de enmiendas impulsado por los ciudadanos hasta socavar las iniciativas comunitarias de inscripción de votantes; desde enviar a la cárcel a personas que habían cumplido condena por atreverse a votar hasta retrasar elecciones especiales y dejar a miles de personas sin representación. Esta ley antielectoral es la última medida de ese manual. Refleja un esfuerzo continuo por crear nuevas barreras entre los votantes con derecho a voto y las urnas, lo que dificulta que la gente haga oír su voz. Proteger la libertad de voto es fundamental para nuestra democracia, y lucharemos para defenderla».
«El proyecto de ley 991 de la Cámara de Representantes de Florida supone un ataque generalizado al sistema electoral, que afectará con mayor dureza a los votantes negros, de origen latino, de bajos ingresos y a los estudiantes. No se trata de la integridad electoral. Se trata de quién se queda con el poder y quién queda excluido»,afirmó Hani Mirza, director del Programa de Poder y Democracia de Advancement Project. «Las disposiciones sobre la prueba documental de ciudadanía, en particular, eliminarán de manera desproporcionada a los nuevos ciudadanos de los censos electorales, creando una barrera insuperable para algunos de esos votantes. Advancement Project se une a las comunidades de color para rechazar una legislación que desmantela la participación cívica y les arrebata oportunidades ganadas con esfuerzo para construir poder».
«La aprobación de este proyecto de ley para depurar el censo electoral es un ataque deliberado contra nuestra democracia»,señaló Moné Holder, directora de defensa y asuntos políticos de Florida Rising. «En lugar de resolver problemas reales, la Legislatura de Florida está fabricando una crisis para justificar la privación masiva del derecho al voto. No se trata de la integridad electoral; se trata de dificultar el voto a millones de floridanos con derecho a voto. Esta ley crea un campo minado burocrático para la gente común. Al restringir las identificaciones de estudiante y exigir documentación costosa que muchos votantes no tienen, el estado está, en la práctica, poniendo un precio al derecho al voto. Los requisitos de coincidencia de nombres podrían afectar de manera desproporcionada a las mujeres casadas y a los votantes trans. Necesitamos una legislación que proteja, en lugar de atacar, el derecho fundamental al voto de todos los floridanos con derecho a voto. No nos dejaremos intimidar y no permitiremos que nuestras comunidades sean borradas de nuestra democracia».
Aquí puede consultarse una copia de la denuncia: https://assets.aclu.org/live/uploads/2026/04/FL-DPOC-Complaint.pdf
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Acerca de Hispanic Federation
Hispanic Federation ) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos, fundada en 1990 y comprometida con el empoderamiento y el progreso de la comunidad hispana, con especial atención a las personas latinas de bajos ingresos, marginadas e inmigrantes. Con programas en 43 estados y territorios, las áreas de interés de la HF incluyen la inmigración, el empoderamiento económico, la participación ciudadana, la ayuda en casos de catástrofes, la filantropía, la educación, la salud y el medio ambiente. La HF también lleva a cabo campañas continuas de educación pública y satisface las necesidades de desarrollo organizativo de sus agencias afiliadas mediante la concesión de subvenciones y la asistencia para el desarrollo de capacidades.
