ORGANIZACIONES DE DERECHOS CIVILES Y LATINAS REGRESAN A LA CORTE PARA IMPUGNAR LA LEY DE FLORIDA DIRIGIDA A BLOQUEAR LOS ESFUERZOS DE REGISTRO DE VOTANTES Y PARTICIPACIÓN CÍVICA
For Immediate Release: January 23, 2024
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Atlanta, Georgia – El jueves 25 de enero, un tribunal federal de apelaciones escuchará argumentos orales que impugnan la ley SB 7050, una ley de Florida que intenta dificultar que las organizaciones comunitarias no partidistas inscriban a los votantes.
Hoy, organizaciones lideradas por latinos y defensores del derecho al voto, incluidas Hispanic Federation, LatinoJustice PRLDEF, ACLU y Poder Latinx, organizaron una rueda de prensa virtual en la que anticiparon los avances en el caso y lo que está en juego para las elecciones claves de este año.
Puede encontrar una grabación de la conferencia de prensa aquí. Las declaraciones de los demandantes y las organizaciones legales se encuentran a continuación.
“A medida que iniciamos el nuevo año y la última etapa de una elección clave, nuestra coalición de organizaciones y defensores comunitarios liderados por latinos recuerdan a los votantes y a la Legislatura de Florida que estamos listos para oponernos, movilizarnos y luchar contra cualquier medida que suprimirá las comunidades de color y su capacidad de votar. El futuro mismo de nuestro país se decidirá este año, y las comunidades de color tienen cuatro o cinco veces más probabilidades de registrarse a través de grupos no partidistas que sus homólogos blancos. Nuestro mensaje es claro: ahora no es el momento de impedir nuestro trabajo para informar a los votantes y ayudarlos a registrarse para votar. Nuestra democracia prospera con más participación, no menos. Es por eso que no dejaremos de luchar hasta que las partes inconstitucionales de la SB 7050 sean derogadas y todos puedan ejercer su derecho constitucional al voto”, dijo Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation.
“Los esfuerzos de empoderamiento cívico llevados a cabo por Poder Latinx en Florida, liderados por encuestadores con competencia cultural, dependen de personas confiables y familiarizadas con sus comunidades. Varios miembros del equipo son no-ciudadanos con autorización de trabajo, y estos desempeñan un papel vital en la inscripción de votantes, particularmente en los vecindarios de habla hispana. La aplicación de la SB 7050 sería perjudicial para nosotros y para organizaciones similares por nuestro trabajo de participación cívica, afectando desproporcionadamente a los votantes de color. Restringir que los no ciudadanos no puedan contribuir a las iniciativas electorales es inconstitucional y representa una amenaza significativa a los valores democráticos", expresó Carolina Wassmer, directora del programa estatal de Florida en Poder Latinx.
“El tribunal inferior hizo bien en bloquear la SB 7050, que ha sido un ataque descarado e ilegal a nuestras comunidades, a la libertad de la expresión y a la participación cívica. Instamos al tribunal federal de apelaciones a llegar a la misma conclusión, y apoyamos a nuestros valientes demandantes que cada día ayudan con orgullo a los votantes elegibles a participar en nuestra democracia”, dijo Adriel I. Cepeda Derieux, subdirector del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU, quien está argumentando el recurso de mañana.
“El tribunal inferior afirmó lo que hemos estado argumentando, que la SB7050 es inconstitucional y que su función principal es silenciar a nuestras comunidades. Hasta la fecha, el estado no ha justificado la prohibición de que los no ciudadanos se encarguen de la inscripción de los votantes. Esto refuerza nuestro argumento de que no hay razón para impedir que los no ciudadanos comprometidos a ayudar a sus vecinos acceder a su derecho al voto. Esperamos que esto quede tan claro para el Tribunal del Undécimo Circuito como lo fue para el Distrito Norte de Florida. El estado de la Florida y nuestro país en su conjunto se beneficiarían al alentar a más personas a apoyar elecciones justas y accesibles”, dijo Delmarie Alicea, abogada asociada de LatinoJustice PRLDEF.
“Nuestros clientes están haciendo el trabajo esencial de construir una mejor democracia a través del registro de votantes. Mantener una democracia es un trabajo arduo que requiere un esfuerzo colectivo. La SB 7050 es un intento descarado y antiinmigrante de bloquear estos poderosos esfuerzos. La Florida y todos los estados deberían acoger con agrado las oportunidades para ampliar la participación cívica, no limitarla”, dijo Estee Konor, directora asociada de estrategias legales de Dēmos.
Los argumentos orales en el caso Hispanic Federation v. Byrd están programados para el jueves 25 de enero en el tribunal federal del Undécimo Circuito en Atlanta, Georgia. El tribunal se reúne a las 9 a. m., hora del Este, y este caso es el segundo argumento de este día.
En mayo del 2023, la coalición presentó una demanda impugnando la SB 7050 por su efecto paralizador sobre el discurso político, el compromiso cívico y la exclusión inconstitucional de los no ciudadanos de las actividades de participación electoral. En julio, un juez emitió una orden judicial preliminar, bloqueando algunas partes de la SB 7050 mientras el caso se litiga.
Específicamente, la demanda se centra en la disposición de la ley sobre no ciudadanos, que impondría una multa de $50.000 a una organización por cada no ciudadano que “reúna” o “maneje” formularios de registro de votantes en nombre de la organización.
Las restricciones incluyen a los residentes permanentes legales, muchos de los cuales han vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas y tienen vínculos estrechos con las comunidades en las que residen. Eso significa que las personas que viven legalmente en Estados Unidos – que han considerado a Florida su hogar durante décadas – no pueden ayudar a sus vecinos, amigos o familiares que son ciudadanos a registrarse para votar.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la ACLU de Florida, LatinoJustice PRLDEF, Dēmos y Arnold & Porter en nombre de Hispanic Federation, Poder Latinx y clientes individuales. El caso cita violaciones de las Enmiendas Primera y 14.
