Agenda de políticas públicas hispanas de la NHLA 2016

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SEGURIDAD ECONÓMICA Y FORMACIÓN

Los latinos se enfrentan a una brecha de riqueza que conduce a peores resultados socioeconómicos para las familias latinas. La NHLA propone una serie de políticas para cerrar la brecha de riqueza.

Principales recomendaciones políticas

Promulgar presupuestos federales justos:

La NHLA pide un enfoque justo para el presupuesto federal que elimine permanentemente los recortes arbitrarios conocidos como secuestro, aumente las inversiones en el crecimiento de nuestra economía y reforme la política fiscal para generar mayores ingresos que puedan invertirse en programas nacionales y en la reducción de la pobreza.

Ampliar las oportunidades de mano de obra:

Es necesaria una mayor inversión en programas de formación de mano de obra -especialmente para jóvenes y mujeres-, así como en la enseñanza del inglés, y la inclusión de organizaciones comunitarias en la aplicación de estos programas.

Promover políticas que recompensen el trabajo:

Deben aplicarse políticas para mejorar el nivel de vida de los trabajadores hispanos en ocupaciones con salarios bajos, incluido el aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora para 2020 y la ampliación de las políticas fiscales, como el Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo, a más personas sin hijos.

Aumentar la seguridad de la jubilación:

Deben crearse políticas para mejorar la seguridad de la jubilación y combatir la pobreza de las personas mayores, incluido un mayor acceso a los planes 401(k)s e IRAs, la creación de planes federales de ahorro, la protección de la Seguridad Social frente a los recortes y el aumento de la financiación de los programas de la Ley de Mayores Estadounidenses.

Mejorar las condiciones de trabajo:

Las soluciones políticas deben aumentar la aplicación federal de las protecciones de los trabajadores, incluso en lugares de trabajo fisurados donde los enrevesados acuerdos de subcontratación dificultan la protección de los derechos de los trabajadores. La NHLA también recomienda la promulgación de la Ley de Equidad Salarial, la garantía de bajas por enfermedad y familiares remuneradas, la defensa de la capacidad de los trabajadores para afiliarse a sindicatos y la ampliación de las protecciones laborales que actualmente se niegan a los trabajadores agrícolas, cuidadores, trabajadores domésticos y jornaleros.

Mejorar el acceso financiero y proteger a los consumidores:

Con el fin de proteger mejor a los latinos de los servicios financieros depredadores al tiempo que se amplía el acceso al crédito, se deben tomar medidas para aumentar el acceso a préstamos de bajo importe, asesoramiento financiero individualizado, mejorar la exactitud de los informes de crédito y mantener el papel de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Apoyar la propiedad de la vivienda:

Se deben tomar múltiples medidas para revertir la tendencia a la baja en la tasa de propietarios de vivienda hispanos, incluyendo una fuerte implementación y aplicación de las normas de servicio de la CFPB y un mayor asesoramiento en materia de vivienda, al tiempo que se aborda la necesidad de vivienda para los trabajadores agrícolas.

Promover una solución justa y ordenada a la crisis fiscal de Puerto Rico:

Al cierre de esta publicación, los esfuerzos para hacer frente a la crisis financiera de Puerto Rico están en proceso de cambio, pero es probable que persista la necesidad de que los responsables políticos proporcionen a Puerto Rico las herramientas necesarias para estabilizar su economía y concedan al pueblo de Puerto Rico el mismo trato que a los ciudadanos estadounidenses, incluida la plena paridad con los estados de la unión en la prestación de servicios y la financiación de todos los programas federales.

Ampliar el acceso a servicios asequibles de banda ancha y telefonía móvil:

Para superar los elevados costes que frenan el acceso de los latinos a la banda ancha, los responsables políticos deberían:

  • Modernizar el Programa Lifeline de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para subvencionar los servicios de banda ancha;
  • Lanzar campañas bilingües de alfabetización digital;
  • Garantizar la competencia en los mercados de banda ancha y telefonía móvil.
  • Continuar con el Programa E-Rate de la FCC, entre otras medidas.

EDUCACIÓN

Dado que los latinos representan más del 25% de la población estudiantil de las escuelas públicas, la futura competitividad económica de Estados Unidos depende en gran medida del nivel educativo de los latinos. Aunque se han hecho progresos, aún queda mucho por hacer.

Principales recomendaciones políticas

Educación Infantil:

  • Instituir la educación preescolar universal.
  • Ampliar los programas Head Start existentes.
  • Apoyar programas de formación para desarrollar profesores más competentes desde el punto de vista cultural y lingüístico.

Educación Primaria y Secundaria:

La Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015, que reautorizó la Ley de Educación Primaria y Secundaria centrada en los derechos civiles, ofrece una gran discreción a los estados y localidades, que tienen un historial desigual que subraya la necesidad continua de un fuerte liderazgo federal. El Departamento de Educación de los Estados Unidos debe emitir una fuerte orientación regulatoria federal, y los estados deben garantizar una implementación y aplicación vigorosas, para garantizar el éxito académico de los estudiantes latinos. Estas medidas incluyen:

  • Recopilación de datos desglosados sobre el progreso de los alumnos y los centros escolares.
  • Ofrecer planes de estudios y evaluaciones culturales y lingüísticamente adecuados.
  • Proporcionar recursos para abordar las disparidades académicas.
  • Establecer objetivos para reducir las diferencias de rendimiento.
  • Responsabilizar a los centros escolares del progreso de todos los alumnos.

Enseñanza superior:

La matriculación de latinos en la enseñanza superior ha aumentado hasta el 49% de los jóvenes de 18 a 24 años, pero menos de un tercio obtiene un título de cuatro años. Para mejorar las tasas de finalización de los estudios universitarios, los responsables políticos deben:

  • Reforzar los programas de ayuda financiera.
  • Promulgar la Ley DREAM.
  • Aumentar la financiación para las Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI) y los programas de preparación para la universidad.
  • Garantizar que las instituciones privadas cumplan las normas de calidad.
  • Incentivar a las universidades comunitarias para que transfieran más estudiantes de todos los orígenes a instituciones de cuatro años.

Canal de la escuela a la cárcel:

Los responsables políticos deben reformar las políticas de disciplina escolar excesivamente duras que conducen a la suspensión, expulsión o criminalización, ya que estas políticas contradicen el objetivo de igualdad de acceso a la educación, especialmente porque afectan de manera desproporcionada a los estudiantes latinos.

Profesores, consejeros y administradores:

Para garantizar que los alumnos latinos de las escuelas públicas reciban una enseñanza y una orientación de calidad, los responsables políticos deberían:

  • Reforzar los requisitos de competencia cultural y lingüística de profesores y administradores, incluyendo evaluaciones y certificaciones adecuadas.
  • Apoyar los programas de preparación del profesorado de las instituciones que atienden a minorías, que preparan a la mayoría de los profesores de color.
  • Fomentar la contratación y retención de latinos en la enseñanza superior.

Oportunidad educativa para veteranos:

Para invertir la infrautilización de la Ley Montgomery G.I. por parte de los veteranos latinos, el gobierno federal debería lanzar una campaña de concienciación más proactiva sobre los beneficios de la Ley G.I. dirigida a los latinos que se alistan en las fuerzas armadas, a sus familias y a los veteranos que ya están en la universidad.

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