A principios de este mes, el Presidente Obama anunció una reforma histórica del sistema penitenciario federal del país. Tras una serie de estremecedores informes elaborados por investigadores gubernamentales e independientes, el Departamento de Justicia anunció que dejaría de contratar a empresas privadas para gestionar las prisiones federales del país. Este fue un primer paso importante para arreglar nuestro maltrecho sistema de justicia penal. Pero aún queda mucho por hacer. La orden del Departamento de Justicia no se aplica a la gestión de los centros federales de detención de inmigrantes. Algunos de estos centros, gestionados por empresas privadas, retienen a familias de inmigrantes indocumentados -incluidos miles de mujeres y niños- en condiciones caracterizadas por una grave negligencia, y donde son frecuentes los casos de abusos físicos y sexuales. Nos unimos a nuestras organizaciones hermanas de la coalición National Hispanic Leadership Agenda para pedir al presidente Obama y al Departamento de Justicia que pongan fin a la gestión empresarial de los centros de detención de inmigrantes. Los gestores corporativos de estos centros han obtenido miles de millones de beneficios proporcionando una atención deficiente a las familias inmigrantes, en directa oposición a la legislación y los valores estadounidenses.
