Tras meses de retrasos e inacción, Hispanic Federation se congratula de que el Congreso de Estados Unidos haya empezado por fin a estudiar propuestas para ayudar a los más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico que sufren como consecuencia de la crisis fiscal de la isla. Aplaudimos al congresista Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, por considerar detenidamente los problemas a los que se enfrenta Puerto Rico y presentar un borrador de la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), que incluye propuestas prometedoras sobre la reestructuración de la deuda que la isla necesita urgentemente.
Aunque entendemos que la legislación presentada ayer por el Presidente Bishop es un primer intento de abordar los complejos retos a los que se enfrenta Puerto Rico, Hispanic Federation quiere expresar su preocupación porque algunos elementos de la propuesta son problemáticos y, lamentablemente, socavan aún más la ya limitada autonomía de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico. Hispanic Federation está especialmente preocupado por los amplios poderes asignados a la propuesta Junta de Supervisión y Administración de Puerto Rico. La Junta tendría un poder casi absoluto sobre los asuntos políticos y económicos de la isla y debilitaría las instituciones democráticas de Puerto Rico y el Estado de derecho. La crisis económica no debe ser una oportunidad para infantilizar a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico negándoles sus derechos civiles y democráticos.
También instamos a los miembros del Congreso a que aprueben legislación que corrija las alarmantes desigualdades en la financiación federal de la atención sanitaria a las que se enfrenta Puerto Rico. Este proyecto de ley no ofrece ninguna solución a este problema.
Hispanic Federation y su red de 100 organizaciones comunitarias aprecian el intento del Presidente Bishop de abordar esta crisis, pero animamos al Congreso a seguir una línea de acción que estabilice los sistemas financiero y sanitario de la isla, sin anular los derechos de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico.
