El racismo contra el que la gente se ha manifestado en las calles y el hecho innegable de que el racismo (y el colonialismo) son determinantes sociales de la salud no están desvinculados. El racismo también desempeña un papel determinante en las políticas medioambientales relativas al uso del suelo, la zonificación y las normativas. Las comunidades latinas y otras comunidades de primera línea deben liderar la búsqueda de soluciones a estos problemas en nuestras comunidades. Debemos hablar por nosotros mismos.
Comunidades como la nuestra, que ya han sido marginadas por barreras estructurales a la igualdad de oportunidades y tienen bajos niveles de riqueza, son particularmente vulnerables durante todas las emergencias, ya sean desastres naturales, recesiones económicas o una pandemia sanitaria como la causada por el COVID-19. Con el fin de responder a la crisis a la que se enfrentan los latinos debido al COVID-19, así como para abordar otras cuestiones que afectan negativamente a las comunidades hispanas e inmigrantes en todo el país, instamos a la administración Biden-Harris a aplicar las siguientes políticas lo antes posible.
Primeras 100 Acciones:
- Apoyar una respuesta inmediata, urgente y global de todo el gobierno federal a la crisis climática a la que se enfrentan las comunidades latinas y el planeta, con un enfoque persistente en los impactos de género del cambio climático.
- Nombrar a latinos para puestos de responsabilidad en la elaboración de nuevas normativas medioambientales e implicar a los latinos y a las comunidades de primera línea en el desarrollo de leyes, políticas y normativas medioambientales.
- Nombrar a latinos para puestos de liderazgo en su Casa Blanca y en todas las Agencias para liderar y supervisar soluciones a los retos causados por años de racismo medioambiental.
- Oponerse a los esfuerzos de los aliados de los combustibles fósiles en el Congreso para socavar las protecciones medioambientales fundamentales, como la Ley de Aire Limpio o la Ley Nacional de Política Medioambiental, optando en su lugar por políticas que nos ayuden a reconstruir mejor y a recuperarnos del COVID-19 mediante inversiones justas y equitativas, el apoyo a las comunidades más afectadas y el apoyo a los trabajadores de primera línea, invirtiendo al mismo tiempo en políticas que protejan nuestra salud y nuestro medio ambiente.
Ayuda a Puerto Rico
- Garantizar que la ayuda en caso de catástrofe y otros fondos federales -incluidos los fondos destinados a la ayuda de COVID- se distribuyan y liberen de forma oportuna y legal, sin restricciones ni barreras de acceso adicionales que no se exijan a otras entidades tras la catástrofe.
- Asignar y distribuir los fondos asignados por el Congreso a Puerto Rico para reconstruir y reiniciar el sistema educativo de la isla sin imponer controles adicionales que no se exijan a otros gobiernos locales.
- Activar lo antes posible un Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico con responsabilidades ampliadas que incluyan asesorar al Presidente y al Congreso sobre políticas e iniciativas para la reconstrucción de Puerto Rico tras el desastre, mecanismos para promover y supervisar la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo en todos los organismos, y que se asigne personal a tiempo completo para apoyar la labor del Grupo de Trabajo.
- Buscar la paridad en todos los beneficios federales, especialmente los destinados a proporcionar beneficios a los puertorriqueños de bajos ingresos y aliviar la pobreza, tales como EITC, CTC, EBT Pandemia, y poner fin a todos los programas federales de subvenciones en bloque, incluyendo Medicaid y NAP.
- Apoyar una vía para el alivio integral de la deuda y la capacidad de poner fin a la obligación de la deuda para que los territorios puedan recuperarse y reconstruirse con dignidad. Cualquier beneficio de los dólares federales previstos para catástrofes debe utilizarse únicamente en beneficio del pueblo de Puerto Rico, no de los fondos buitre y otros acreedores.
- Garantizar que se sigue la preferencia de la Ley Stafford por la financiación local para la recuperación local y que las agencias federales reciben incentivos adicionales para ofrecer contratos a las empresas de Puerto Rico, se realiza una auditoría independiente certificada por expertos no gubernamentales y se permite la condonación de cualquier deuda ilegal o inconstitucional.
- Establecer una moratoria sobre las negociaciones o el reembolso de la deuda existente hasta que el gobierno federal haya garantizado la realización de una auditoría independiente y certificada por expertos no gubernamentales y se permita la condonación de cualquier deuda ilegal o inconstitucional.
- Fortalecer y mejorar el sistema eléctrico de Puerto Rico, incluyendo la modernización de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía de la AEE mediante las inversiones en infraestructura necesarias, dando prioridad a las energías renovables y realizando las inversiones a largo plazo necesarias para alcanzar el objetivo de Puerto Rico de un 100% de energía renovable para 2050.
- Detener las medidas de austeridad impuestas a Puerto Rico por la junta federal de supervisión presupuestaria en la legislación PROMESA, que han provocado el cierre de escuelas y la disminución de la financiación del sistema universitario público de la isla.
- Establecer un proceso que garantice la transparencia en las decisiones, asignaciones y contratos de todos los organismos gubernamentales a todos los niveles para evitar la corrupción y el favoritismo y garantizar una participación significativa de la comunidad y una asignación adecuada de los recursos.
- Ordenar al Departamento del Censo que incluya a Puerto Rico en todas las actividades del Censo, especialmente en las Encuestas del Pulso de los Hogares, a fin de obtener un panorama oportuno y preciso de las necesidades críticas.
- Garantizar que los fondos federales de ayuda, remediación y reconstrucción incluyan y estén dirigidos y accesibles a las organizaciones sin ánimo de lucro locales basadas en la comunidad que siguen estando a la vanguardia de la mejora de las familias y los barrios de toda la isla y de la construcción de un Puerto Rico más fuerte y resistente.
Recomendar órdenes o acciones ejecutivas
- Ordenar al Dept. de Justicia que ponga fin a las apelaciones de la determinación del Tribunal Federal de Distrito de que los residentes de Puerto Rico deben ser elegibles para el programa SSI.
