Washington, D.C. – La Cámara de Representantes aprobó el jueves un marco bipartidista para financiar operaciones no controvertidas del Departamento de Seguridad Nacional, pero lo hizo como parte de un acuerdo para acelerar la aprobación de cientos de miles de millones de dólares en nuevos fondos para la aplicación de la ley de inmigración a través del proceso de reconciliación presupuestaria. La reconciliación es una poderosa herramienta legislativa que permite al Congreso eludir el umbral de 60 votos del Senado para el filibusterismo. Las mayorías republicanas están utilizando la reconciliación para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin los controles, compromisos o protecciones comunitarias que la gente ha estado reclamando. Hispanic Federation respuesta sobre la financiación de los programas de nutrición que puede consultarse aquí. A continuación se incluye una declaración de Jessica Orozco Guttlein, vicepresidenta sénior de Política y Comunicaciones de Hispanic Federation.
«Las operaciones policiales federales siguen causando estragos por todo Estados Unidos, y la Federación Hispana ha instado repetidamente al Congreso a que establezca medidas de protección sensatas contra las operaciones federales que ponen en peligro la seguridad y el bienestar de todas las comunidades. Incluso ahora, los pupitres de las escuelas permanecen vacíos, los negocios están cerrados, las familias se ven separadas y se pierden vidas debido a la acción federal sin control. Nos alegra que las áreas no controvertidas del Departamento de Seguridad Nacional pronto reabran por completo, restaurando la estabilidad para los trabajadores, sus familias y las comunidades donde trabajan. Sin embargo, resulta extremadamente preocupante que la Cámara de Representantes solo haya dado este paso a cambio de una presión partidista para acelerar la legislación destinada a financiar el ICE y la CBP sin las protecciones comunitarias adecuadas ni las salvaguardias necesarias para los próximos años.
El Congreso tiene el deber de garantizar que se respeten nuestros derechos civiles y que los agentes federales protejan a nuestras comunidades, en lugar de atormentarlas. Sin embargo, las mayorías de ambas cámaras del Congreso están dispuestas a renunciar a su competencia principal —la de asignar adecuadamente los fondos— para otorgar al poder ejecutivo carta blanca para mantener e incluso intensificar las acciones beligerantes. La mayoría del Congreso está permitiendo que el Gobierno financie una operación partidista que da luz verde a redadas indiscriminadas en nuestras comunidades, a las que se opone la mayoría de los estadounidenses. Instamos al Congreso a que rechace esta legislación de reconciliación y vuelva a las negociaciones bipartidistas sobre asignaciones presupuestarias para aprobar paquetes de financiación que protejan los intereses de todos los estadounidenses».
