PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 21 de abril de 2022
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Los residentes de Puerto Rico siguen recibiendo un trato de segunda clase por parte del gobierno de EE.UU.
WASHINGTON - Grupos de defensa de los derechos civiles condenan la decisión del Tribunal Supremo de excluir a los ciudadanos residentes en Puerto Rico de los programas federales de protección social en el caso EE.UU. contra Vaello-Madero, y exigen a la administración Biden que deje de defender la discriminación contra los puertorriqueños y otros ciudadanos que viven en territorios de EE.UU., especialmente cuando se trata de prestaciones federales para ciudadanos discapacitados, de bajos ingresos y ancianos.
La decisión de hoy del Tribunal Supremo representa la continuación del trato discriminatorio que durante un siglo ha dispensado el gobierno de EE.UU. a los estadounidenses que viven en Puerto Rico y otros territorios estadounidenses. A pesar de la afirmación del Tribunal, esta discriminación no sólo se basa en la Cláusula Territorial de la Constitución, sino también en casos racistas decididos por el Tribunal Supremo a principios del siglo XX en una serie de decisiones conocidas como los Casos Insulares. A pesar de su promesa electoral de poner fin a la discriminación contra los puertorriqueños, el presidente Biden no aprovechó esta oportunidad histórica para ejercer sus poderes y cumplir inmediatamente su compromiso. En su lugar, se remitió al Congreso, cuya justificación para esta discriminación parece ser que resulta demasiado costoso garantizar la existencia de una red de seguridad federal para todos los más vulnerables de la nación si viven en un territorio estadounidense.
La voz solitaria de la justicia en el tribunal vino de la Juez Sotomayorquien en su voto en contra declaró: "El SSI está diseñado para ayudar a los ciudadanos más necesitados. Como programa de último recurso, está destinado a prevenir la pobreza más grave. En vista de ese propósito central, negar los beneficios a cientos de miles de residentes de Puerto Rico elegibles porque no pagan lo suficiente en impuestos es totalmente irracional. La decisión del Congreso de negar a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico una red de seguridad social que proporciona a casi todos los demás ciudadanos estadounidenses es especialmente cruel dada la extrema necesidad de ayuda de esos ciudadanos." Estamos de acuerdo.
Hispanic Federation y sus aliados reconocen que esta decisión es un revés, no una derrota, y se comprometen a proseguir nuestra labor colectiva para garantizar que todos los ciudadanos estadounidenses reciban un trato igualitario y justo con independencia de dónde vivan.
El Congreso debe actuar ahora para poner fin a esta injusticia que perpetúa un sistema de ciudadanía de dos niveles entre millones de residentes potenciales de Puerto Rico y otros territorios. También pedimos al Presidente Biden que luche para garantizar que el Congreso promulgue legislación para tratar a los puertorriqueños de forma equitativa en todos los programas federales de la red de seguridad que apoyan a los ciudadanos más vulnerables.
"Condenamos la decisión de hoy del Tribunal Supremo de excluir a los puertorriqueños del SSI y su defensa de la discriminación continua en los programas federales de protección social. Es vergonzoso que el más alto tribunal de nuestra nación, una vez más, no haya protegido los derechos democráticos y constitucionales de TODOS los ciudadanos estadounidenses y siga tratando a los puertorriqueños con una injusticia tan atroz. Estas prácticas crueles van en contra del objetivo fundamental de los programas federales de asistencia social, ayudar a los ciudadanos más vulnerables. Aunque esta decisión es un revés, no es una derrota. Hispanic Federation seguirá trabajando para garantizar que todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de donde vivan, reciban un trato igualitario y justo", declaró Frankie Miranda, Presidente y Director General de Hispanic Federation.
Vaello-Madero, ciudadano estadounidense discapacitado, fue demandado por casi 28.000 dólares por recibir pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tras trasladarse de Nueva York a Puerto Rico para estar con su familia. Aunque Madero ganó su caso en los tribunales inferiores, el Departamento de Justicia lo recurrió ante el Tribunal Supremo. El SSI proporciona fondos a las personas más vulnerables, como discapacitados, ciegos y ancianos, que no pueden mantenerse por sí mismos. Sólo está disponible para los ciudadanos estadounidenses que viven en los 50 estados, D.C. y las Islas Marianas del Norte, pero excluye a los ciudadanos estadounidenses que viven en otros territorios.
"El Tribunal Supremo hizo la vista gorda ante la discriminación histórica en los programas federales de red de seguridad contra los puertorriqueños y otros ciudadanos que viven en territorios estadounidenses. El SSI no es sólo una política; es una política que podría salvar la vida de personas vulnerables, incluida mi hija Isabella, que nació con graves afecciones cardíacas. Mi hija no pidió su enfermedad, pero tiene que seguir sufriendo las consecuencias de tal injusticia. ¿Es justo impedir a los puertorriqueños el acceso a una asistencia que podría salvarles la vida sólo por el lugar donde viven? Esta injusticia está causando mucho dolor y sufrimiento a las familias que se encuentran en situaciones similares, y lo que es peor, porque puede que no tengan voz para hacerse oír contra esta decisión discriminatoria. Me duele y me decepciona que el gobierno estadounidense, una vez más, haya decidido discriminar a mi hija y a miles de familias como la nuestra. Ha llegado el momento de que el Congreso luche contra esta práctica discriminatoria y garantice que todos los ciudadanos estadounidenses tengan el mismo acceso a los programas federales de protección social, vivan donde vivan", ha declarado Aurelis Aponte, madre de una niña discapacitada que perdió las prestaciones al regresar a Puerto Rico.
"Excluir a los residentes de Puerto Rico del programa SSI es particularmente perjudicial dada la población de edad avanzada de la isla, la alta tasa de pobreza y el número de adultos mayores con discapacidad", dijo Kate Lang, abogada sénior de Justice in Aging. "Puerto Rico tiene un mayor porcentaje de residentes de edad avanzada que cualquier otro estado de los EE.UU., y más del 40% de los residentes de Puerto Rico mayores de 65 años viven en la pobreza. Estamos decepcionados por la sentencia del Tribunal Supremo e instamos al Congreso a tomar medidas para corregir esta injusticia."
"LatinoJustice PRLDEF está consternado por la decisión del Tribunal Supremo de denegar a José Luis Vaello-Madero, y por extensión a todos los residentes de Puerto Rico, el derecho al SSI. Esta decisión es escandalosa en muchos frentes. En oposición a las conclusiones del Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones, en este caso, la decisión del Tribunal Supremo refuerza erróneamente la noción de que los de Puerto Rico son menos que ciudadanos de pleno derecho de los Estados Unidos y merecen menos que el pleno acceso a los derechos y beneficios de la ciudadanía. La decisión también prolonga la exclusión racista de los puertorriqueños de beneficios federales vitales otorgados a los ciudadanos que viven en los 50 estados, respaldada por precedentes que agravan errores y prácticas históricas que deberían haberse rechazado hace mucho tiempo. Como dijo la jueza Sonia Sotomayor en su voto disidente, no hay "ninguna base racional" para tratar a los ciudadanos estadounidenses en cualquier lugar de manera tan diferente, especialmente cuando los impactos de este tratamiento diferencial abdican tan crudamente de las responsabilidades básicas para con los ciudadanos más necesitados. Estamos de acuerdo con el juez Neil Gorsuch en que los Casos Insulares 'descansan sobre una base podrida' y deben ser descartados como fundamento para decisiones discriminatorias que excluyen a los puertorriqueños y a los residentes de otros territorios estadounidenses de los derechos y protecciones constitucionales que les corresponden", dijo Lourdes M. Rosado, Presidenta y Consejera General de LatinoJustice PRLDEF.
"La decisión Vaello-Madero deja al descubierto que el trato desigual del gobierno federal a Puerto Rico se basa en el racismo, como incluso el juez Gorsuch admite en su opinión concurrente. El hecho de que Puerto Rico pague menos en impuestos federales que otros estados -incluyendo Vermont, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana y Alaska- no justifica la exclusión de la isla del SSI cuando ni siquiera se considera la exclusión para estos otros estados de bajos impuestos. El momento de revocar estas políticas racistas ha pasado hace mucho tiempo y SEIU sigue comprometido a luchar junto a nuestras hermanas y hermanos puertorriqueños para desmantelar estos vergonzosos vestigios del colonialismo", dijo Mary Kay Henry, presidenta de SEIU. Mary Kay Henry, Presidenta de SEIU Internacional.
