PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 4 de noviembre de 2021
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Fernanda Durand
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En una carta enviada hoy al Presidente Biden, los defensores exigen al DOJ que retire sus recursos legales contra el derecho a recibir las mismas prestaciones de seguridad social que los demás ciudadanos estadounidenses.
WASHINGTON - La semana antes de que el Tribunal Supremo de EE.UU. escuche los argumentos sobre el caso EE.UU. contra Vaello-MaderoHispanic Federation y 60 aliados enviaron una carta unificada en su petición al Presidente Biden pidiendo a la Administración que deje inmediatamente de defender la capacidad del Congreso de discriminar a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico negándoles el acceso igualitario a programas federales de red de seguridad como el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el Subsidio de Bajos Ingresos (LIS) de la Parte D de Medicare.
Como se indica en la carta, los defensores afirman que las luchas legales del Departamento de Justicia van en contra de las promesas hechas por el presidente durante la campaña electoral, en la que prometió que los puertorriqueños recibirían el mismo apoyo del gobierno de Estados Unidos que cualquier otro ciudadano.
En Estados Unidos contra Vaello Maderoel Departamento de Justicia está luchando contra las decisiones de tribunales inferiores que sostienen que "clasificar de forma dispar a los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico" es "contrario a la esencia misma y a las garantías fundamentales de la propia Constitución" y que es "irracional y arbitrario" excluir del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) -un programa federal de prestaciones para ayudar a las personas mayores, ciegas y discapacitadas con bajos ingresos a cubrir necesidades básicas como la vivienda y la alimentación- a personas que, de otro modo, cumplirían los requisitos por el mero hecho de residir en el territorio.
Nos complace que el Congreso contemple tratar a Puerto Rico de forma equitativa en el SSI en el borrador de la propuesta Build Back Better que se está negociando en el Congreso. Sin embargo, esa propuesta no entrará en vigor hasta dentro de dos años, con lo que se seguirán denegando prestaciones potencialmente vitales a los puertorriqueños discapacitados, ancianos y ciegos. La propuesta tampoco aborda la difícil situación del Sr. Vaello-Madero, a quien se pide que devuelva el dinero que recibió por su discapacidad tras mudarse de Nueva York a Puerto Rico. Por último, las actuales negociaciones en el Congreso y el destino de esta propuesta siguen siendo inciertos.
Sin embargo, la discriminación va más allá de las prestaciones del SSI. El resultado del caso Vaello Madero tendrá un impacto de gran alcance en otros casos actualmente en suspenso en los que los tribunales han sostenido de manera similar que "ninguna base racional apoya la exclusión categórica de los residentes de Puerto Rico que de otro modo serían elegibles" a los programas que apoyan a los ciudadanos vulnerables como SNAP (cupones de alimentos) y LIS, un programa de Medicare que ayuda a las personas de bajos ingresos con el alto coste de las recetas médicas. Al luchar contra Vaello Madero, la Administración Biden está luchando contra todos ellos.
"Al apelar las decisiones emitidas por los tribunales inferiores que rechazan la discriminación, la administración Biden está invitando al Tribunal Supremo a unirse a la perpetuación de la injusticia contra clases que deberían estar constitucionalmente protegidas, una invitación que tememos que la actual mayoría del Tribunal estaría demasiado dispuesta a aceptar", señala la carta. La carta también señala que "no es casualidad que Puerto Rico tenga las tasas de pobreza más altas tanto para adultos como para niños en todo EE.UU. y que se le haya negado durante mucho tiempo el acceso equitativo a toda una serie de programas federales diseñados para apoyar y sacar de la pobreza a los estadounidenses vulnerables."
"La Administración Biden debe reconocer y apoyar el papel de los tribunales para proteger a los grupos políticamente impotentes en los casos en que el Congreso no actúa. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y merecen protección constitucional", declaró Frankie Miranda, Presidente y Director General de Hispanic Federation. "Argumentar que la actual Administración está obligada a defender la denegación de estos derechos constitucionales a los puertorriqueños sería antitético a los valores que usted ha exhibido en tantos otros aspectos como candidato y como Presidente ante los puertorriqueños".
Los defensores planean una conferencia de prensa el martes 9 de noviembre en la escalinata del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Para más información, póngase en contacto con Fernanda Durand fernanda@communicationsshop.us.
